Se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia una cumbre a la que asistió la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; el ministro de Justicia; Néstor Osuna; el director general del Inpec, Daniel Gutiérrez; el director de la Policía, el general William René Salamanca; y los alcaldes de Bogotá Carlos Fernando Galán; de Medellín Federico Gutiérrez, de Cali Alejandro Eder y de Barranquilla Alejandro Char, para abordar el preocupante tema del hacinamiento de privados de la libertad en las estaciones de Policía y URI.
Cerca de tres horas duró el encuentro entre los funcionarios de alto nivel en el palacio de justicia de Bogotá en donde se llegaron a varias conclusiones, una de ellas, es que se acordó el traslado inmediato de 390 personas privadas de la libertad que están condenadas a las que ya se abrió cupo en centros carcelarios del país.
“Se llegó a un acuerdo de tener las siguientes medidas. Una, como quiera que se tiene identificado de que casi 900 personas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de Policía y en las URI ya tienen la calidad de condenados, a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional se va a procurar el traslado de estas personas a las cárceles del país donde el ministro puso de presente que existían los CUC, que podrían generar que estas personas sean trasladadas a establecimientos de reclusión”, señaló el presidente de la Corte Suprema.
Además, en esta reunión se pudo establecer que para los efectos de garantizar que las audiencias o las diligencias no se malogren, se acordó con los alcaldes de las principales ciudades que iban a revisar en las estaciones de Policía de sus municipios el tema relacionado con la conectividad, dotando también esas estaciones de Policía de los equipos necesarios para que las audiencias, por lo menos las preliminares relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual.
Por último, el Ministerio de Justicia realizará un informe para examinar la posibilidad jurídica de que los alcaldes creen sitios transitorios especiales de reclusión vigilados por particulares para que allí puedan ser trasladados internos que hoy están en estaciones de Policía y URI.
Fuente Blu Radio
