
La crisis humanitaria provocada por las disputas territoriales entre el ELN y las disidencias de las Farc no da señales de mejora. Por el contrario, la Defensoría del Pueblo presentó un balance de la situación en el que contabilizó alrededor de 60 personas muertas de manera violenta por este conflicto en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú.
La entidad aclaró además que entre las personas asesinadas se encuentran siete firmantes de paz y el líder Carmelo Guerrero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). Igualmente, informó que hay confinamientos en los mismos municipios y aunque algunas personas han sido rescatadas, otras han salido en un éxodo de caravanas terrestres, motorizadas o fluviales.
“Muchas personas, entre ellas firmantes de paz, líderes sociales y sus familiares, e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas debido a los señalamientos del ELN. Dichas personas han solicitado su rescate y se han adelantado algunos operativos exitosos para ese fin. Sin embargo, muchas de ellas siguen sin que hayan podido ser rescatadas y están huyendo y refugiándose en las montañas”, precisó la entidad.
Paralelamente, la Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa de Norte de Santander, YUKPAOJETAW, reportó riesgo de desplazamiento o desplazamientos en las comunidades de Yukpa Tayaya ubicada en San Pablo, Teorama (126 personas); en el Centro Piloto Karacha ubicado en el casco urbano de Tibú (180 personas y 5 ya se desplazaron hacia Venezuela); y las comunidades Ucha Petajpo y Manüracha, ubicadas en Cúcuta (325 personas) y han recibido alrededor de 5 familias provenientes de las demás comunidades.
Precisamente por los desplazamientos forzados, la Defensoría explicó que Cúcuta ha sido uno de los principales destinos de refugio. En la tarde del sábado 18 de enero desde la alcaldía informaron que había más de mil personas en el Palacio Municipal. Sin embargo, las entidades se encontraban haciendo un censo, pues se esperaba la llegada de más personas a la capital nortesantandereana.
A Ocaña han llegado cerca de 850 familias, quienes se encuentran ubicadas en el coliseo y Tibú se reporta el arribo de 2.500 personas de zonas rurales y la salida de familias de la Gabarra por vía fluvial.
En Ábrego se registró el desplazamiento forzado de 37 familias, 25 de las cuales se reportan en la vereda Hoyo Pilón. En El Tarra hay 68 personas ubicadas en un albergue, mientras que la comunidad indígena Bari Irocobingkayra del pueblo Motilón Barí, en el Tarra, se desplazó integralmente al resguardo Catalaura de La Gabarra por alerta máxima y preventiva. Además, la Cancillería estima que al menos 60 personas se desplazaron a la región del Zulia, en Venezuela.
Otro de los graves fenómenos que se está presentando en la región es el secuestro. Según la Defensoría tres firmantes de paz en Convención y Teorama fueron retenidos contra su voluntad. Asimismo, el pasado jueves,16 de enero, 20 personas fueron secuestradas. De estas, 17 seguirían privadas de su libertad. Al mismo tiempo, 12 personas fueron secuestradas extorsivamente para obtener dinero.
La guerra entre alzados en armas ha llevado además a la suspensión de actividades educativas, económicas y de subsistencia en los municipios afectados. En algunas zonas de la región se empieza a reportar escasez de alimentos. Todo esto, según la Defensoría, tiene un mayor impacto en comunidades indígenas, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y personas con discapacidad. Este grupo poblacional tiene necesidades especiales y reforzadas de protección.
“Hacemos un llamado a las entidades territoriales y al Gobierno nacional a garantizar la atención humanitaria integral de las personas victimizadas en este contexto. Asimismo, a habilitar las condiciones necesarias para permitir el ingreso de las autoridades para la adecuada atención de la población. A los grupos armados, y particularmente al ELN, permitir el acceso a la atención humanitaria y cesar todo ataque contra la población civil”, puntualiza la entidad.
Fuente Revista Semana